Una convergencia extraordinaria: un tema actual con valor estratégico para un nuevo pensamiento con perspectivas para la sociedad

Gianluca Salvatori [1]

Unos meses más y la actual Comisión Europea llegará al final de su mandato. Es demasiado pronto para predecir el resultado de las próximas elecciones, pero de momento parece probable una reconfirmación del acuerdo entre las tres mayores agrupaciones de la política europea: populares, socialistas y liberales.

La perspectiva de continuidad con la administración Von der Leyen sería una buena noticia. A pesar de las enormes fragilidades de la gobernanza europea -como ha vuelto a poner de manifiesto en las últimas semanas la impotencia de Europa en la escena internacional-, la actual Comisión será recordada como una de las mejores de la historia. Lo que la distingue es la conciencia de tener que hacer frente a grandes transiciones, cuestionando incluso las políticas con las que la UE reaccionó a la gran recesión de 2008 y, sobre todo, a la crisis de la eurozona y de la deuda soberana (2012).

La Comisión saliente tuvo que tomar nota del impacto negativo de las políticas de austeridad en la capacidad de resistencia social de la Unión y expresó la necesidad de recorrer nuevos caminos frente al enfoque tradicional basado en la competencia, la reducción de las limitaciones de las fuerzas del mercado, la reducción del déficit y la austeridad fiscal. En respuesta a los riesgos que plantean al proyecto europeo el resurgimiento del nacionalismo y la creciente ola de populismo, se ha vuelto a prestar atención al pilar social, que se había perdido desde la época de Jacques Delors. En un frente, esto se ha traducido en un espacio renovado para la iniciativa pública, basado en el supuesto de que los fallos del mercado no son excepciones raras y de que el Estado no es sustituible cuando se trata de hacer frente a crisis a gran escala.  En el otro frente, complementario, se ha puesto de manifiesto la necesidad de repensar la relación entre economía y sociedad en términos de no subordinación de la segunda a la primera.

La pandemia provocó una serie de intervenciones impensables en el pasado, como el plan de recuperación y resistencia (Next Generation EU), el mecanismo de salvaguardia del empleo (SURE) y la suspensión del pacto de estabilidad (es decir, las limitaciones impuestas por Europa a la capacidad de los Estados para contraer nuevas deudas). Medidas, todas ellas, para cuya financiación la UE ha roto el tabú de la deuda común promoviendo una visión compartida de la política económica. Pero igualmente significativo es que, paralelamente, la Comisión ha intervenido para afirmar el papel de la economía social en sus estrategias de desarrollo, ampliando su mirada a las actividades económicas que no tienen una orientación exclusivamente lucrativa. De las empresas sociales y las cooperativas a las fundaciones, de las mutualidades a las organizaciones sin ánimo de lucro, ha entrado en el léxico europeo un concepto que reúne todas las formas en que la sociedad civil opera en la esfera económica para producir bienes de interés general. Según esta visión, el desarrollo de los países europeos no puede prescindir de ella, porque una concepción de la empresa concebida únicamente como herramienta para obtener beneficios ha demostrado generar demasiadas desigualdades y exclusión social.

En esta dirección, en pocos años han llegado señales muy claras desde Bruselas. Primero, la aprobación de un Plan de Acción a 10 años para la economía social, con los correspondientes compromisos financieros del presupuesto de la UE. Después, el reconocimiento de la economía social dentro de la Estrategia Industrial Europea, promovida como sector específico de una vía sostenible orientada a la transición ecológica. Por último, justo en estas semanas, la aprobación de una Recomendación del Consejo Europeo que compromete a todos los Estados miembros a promover la economía social a escala nacional. Además, este camino de la economía social en las instituciones europeas ha ido de la mano de un proceso totalmente similar que ha tenido lugar en otras instituciones internacionales y del que son testigos la Resolución de la OIT sobre «Trabajo decente y economía social y solidaria» (2022), la Recomendación de la OCDE sobre «Economía social y solidaria e innovación social» (2022) y la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre «Promoción de la economía social y solidaria para el desarrollo sostenible» (2023). Se trata de una convergencia extraordinaria y oportuna, que confirma que el tema no sólo es de actualidad hoy en día, sino estratégico para la definición de un nuevo pensamiento capaz de esbozar perspectivas para el desarrollo de las sociedades de todo el mundo.

La aprobación de la Recomendación del Consejo Europeo cierra un ciclo, bajo la responsabilidad directa de las autoridades europeas, y abre otro que exige el compromiso de los gobiernos nacionales. La Recomendación fue aprobada por todos los Estados tras un trabajo que permitió definir un marco de referencia común para favorecer políticas nacionales que tengan en cuenta la heterogeneidad de los contextos locales.

En los próximos meses se verá hasta qué punto los gobiernos europeos se han adherido a la Recomendación. Y se verá si las líneas de actuación propuestas por Bruselas encuentran un terreno de acogida tanto a nivel de las instituciones públicas nacionales y regionales como entre las organizaciones que componen el sector de la economía social. En los países en los que la economía social ya es una presencia institucionalmente establecida, el proceso de reconocimiento se ha puesto en marcha cuando ambas partes han estado dispuestas a cruzar las fronteras tradicionales, acordando crear oportunidades e infraestructuras para el trabajo conjunto entre los distintos componentes. Es así, por ejemplo, como en España CEPES -el comité que agrupa a los diferentes actores de la economía social- consiguió ser reconocido como autoridad de gestión de los fondos europeos para el sector. O, también, es así como la economía social francesa logró con el tiempo obtener un interlocutor político de alto nivel en el gobierno, con el que poder elaborar estrategias de desarrollo.

La Recomendación del Consejo Europeo prevé que, en los próximos dieciocho meses, los Estados de la Unión Europea definan planes nacionales para promover políticas públicas coherentes de apoyo a la economía social. Si algo nos enseña la experiencia del pasado es que el proceso debe estimularse desde abajo. La toma de conciencia del papel de la economía social no ha surgido espontáneamente en las instituciones europeas, por lo que, incluso a escala nacional, la aceleración es impensable sin un compromiso enérgico por parte de los actores implicados. Se requiere una prueba de madurez: el salto de la defensa de formas organizativas y jurídicas individuales a la capacidad de concebirse como un todo, formado por diferentes componentes, pero con una visión común de la relación entre economía y sociedad.

[1] Secretario General de EURICSE (Instituto Europeo de Investigación sobre Empresas Cooperativas y Sociales), Italia.