OPINIÓN: Liquidación de la entidad prestadora de servicios de salud COOMEVA EPS

Por Juan Fernando Álvarez, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana y directivo de CIRIEC Colombia

Se está haciendo costumbre que en el cooperativismo colombiano las empresas más prósperas terminen siendo intervenidas por agentes estatales para posteriormente ser liquidadas. En el caso de las cooperativas que han prestado servicios de salud, la situación es particularmente alarmante.

El caso más reciente es el de Coomeva EPS, la cual tiene problemas de liquidez y solvencia causado por tener 1,6 veces más pasivos que activos. Coomeva EPS es una de las 15 empresas del Grupo Coomeva, el cual acumula más de 260.000 asociados bajo una figura de conglomerado cooperativo en el cual hay independencia financiera en cada una de sus empresas. Si bien el Grupo Coomeva realizó ingentes esfuerzos por rescatar financieramente a Coomeva EPS, finalmente tuvo restricciones para incorporar inversiones que apalancaran financieramente a la empresa.

Los causales de intervención involucran una corresponsabilidad del Estado que actuó como juez y parte del conflicto. Como deudor por una parte (por no pagar los servicios solicitados para población asegurada por el Estado) y juez de “riesgo financiero” por otro. Análisis pormenorizados de las diversas intervenciones han sido realizados por investigadores de larga trayectoria como Gabriel Restrepo (Saludcoop: Un juicio para la historia, Fondo Nacional Universitario, 2014), develando causas internas y externas a las empresas. En lo interno los problemas que han detonado las intervenciones están relacionados a la gobernanza interna de las cooperativas e inversiones indebidas. A esto se suman a problemas externos relacionados con medidas confiscatorias por parte de los organismos públicos que, tras procesos de intervención, liquidan el patrimonio generado por las cooperativas, abandonan la infraestructura y generan desconfianza mediada por sucesivos escándalos de manejo inadecuado de los recursos por parte de los interventores estatales.

Ante tal cúmulo compartido de malas prácticas salen a la luz conceptos que justifican la intervención por el “riesgo que genera la reinversión de excedentes como elemento de concentración en los mercados” igualando procesalmente una característica esencial de la acumulación cooperativa con otras prácticas que corresponden a malas prácticas financieras.

Al igual que en el caso de Saludcoop, que llegó a ser a 2011 la mayor entidad prestadora de servicios de salud (EPS) con cerca del 25% de la población económicamente activa (PEA) como usuaria de sus servicios, Coomeva EPS generó una importante infraestructura para el aseguramiento de la salud de 1.2 millones de usuarios (5% de la PEA). Cabe destacar que en Colombia la gran mayoría de personas deben acudir al aseguramiento privado por la ausencia de un sistema público que garantice el acceso a la salud como derecho fundamental consagrado en Ley y que los usuarios de estas EPS fueron trasladados a otras empresas privadas.

En un contexto de inminente riesgo social por los efectos socioeconómicos de la pandemia, de perdida de la confianza en los diversos estamentos del Estado y de inminentes carencias de infraestructura, se espera que el nuevo proceso de intervención logre sanear los estados financieros sin abandonar la infraestructura acumulada (como hicieron con decenas de clínicas de Saludcoop), preserve el buen nombre de las cooperativas y logre desvincular los presuntos problemas financieros de la EPS de problemas con los del modelo cooperativo.