OPINIÓN: La resistencia del cooperativismo de trabajo asociado colombiano a los vaivenes estatales

Por Hernando Zabala Salazar

Desde la expedición del Decreto 2025 en 2011, se inició un proceso de desaceleración del cooperativismo de trabajo asociado (CTA) en Colombia, ya que sus consecuencias inmediatas llevaron a la desaparición del 90% de estas entidades y de cerca del 85% de sus activos; un año después se produjo una norma tributaria que, específicamente en materia de contratación, les generó, a las pocas cooperativas sobrevivientes, cargas que no les permitieron mantenerse en el mercado; y, finalmente se inició una fuerte persecución de la UGPP (Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal del Ministerio de Hacienda) al producir requerimientos que nuevamente llevaron a la desaparición de otras de estas cooperativas. Después de este largo proceso de declinación, producto de un ejercicio autoritario del gobierno colombiano, un poco más de 500 cooperativas, a pesar de todas estas circunstancias negativas, se han mantenido firmes en su propósito de supervivencia.

Estudiados los balances de la mayoría de las CTA (2017, 2018 y 2019) se empiezan a encontrar signos de recuperación económica; sumando a ello, la persistencia de los dirigentes que se mantienen esperanzados en un futuro más promisorio. Pareciera, entonces, que se había abierto la posibilidad de reactivación de este subsector del cooperativismo colombiano, mucho más si se consideran sus logros en otros países y las declaraciones a su favor de los organismos multilaterales.

Sin embargo, el poder ejecutivo nacional no hace caso de los argumentos que ha emitido la ONU y sus agencias de desarrollo, y mantiene normas y actitudes que impiden a estas cooperativas extenderse para contribuir a propósitos de generación de puestos de trabajo e ingresos, y coadyuvar en procesos de construcción de la paz en los territorios de otrora intenso conflicto. Hoy en día, la amenaza fundamental para estas cooperativas es la proveniente de la persistencia de la UGPP en imponer multas y exigencias contributivas, en materia de pagos a la seguridad social, que no se le exige a las empresas de capital.

Al respecto se ha solicitado a los organismos de integración asumir la defensa del sistema de compensaciones de las CTA, conservando el principio de equidad, ante la inexistencia de una norma tácita para ellas en estas materias. La amenaza mayor para mantener la sostenibilidad de las CTA sigue siendo este tema de controversia con el gobierno nacional, situación que les genera inseguridad jurídica y poner en riego los puestos de trabajo que ellas sustentan.