Cambios recientes en la institucionalidad, la legislación y las políticas públicas de fomento a la economía social en México

por Juan José Rojas
Universidad Autónoma de Chapingo – México
Correo: rojashjj@gmail.com

Durante el recién concluido gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), en términos generales, la legislación federal no sufrió modificación significativa alguna. Los pocos cambios que se hicieron fueron regresivos y tuvieron que ver con modificaciones parciales a la Ley que Regula las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP), tendientes a continuar con el proceso de concentración y depuración del sector.

En la legislación a cargo de los Congresos Locales, destaca la aprobación de la Ley de Fomento Cooperativo para el estado de Baja California Norte, promulgada el 15 de marzo de 2024, que se suma a las ya existentes en los estados de Coahuila, Quintana Roo, Sonora, Hidalgo y Ciudad de México. No obstante, ha presentado dos deficiencias graves, por una parte, constituye una copia fiel de la Ley de Fomento Cooperativo del Distrito Federal que data desde enero de 2006 y, por la otra, no ha tenido efecto práctico alguno, hasta el día de hoy.

Otro hecho preocupante tiene que ver con la posibilidad de que se apruebe el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de distintos ordenamientos, en materia de simplificación orgánica, enviado por el expresidente López Obrador el pasado 5 de febrero de 2024. Con este Decreto se dispone la desaparición de siete organismos autónomos y se ordena la fusión, integración o extinción de 16 órganos desconcentrados, organismos descentralizados, o unidades administrativas y la transferencia de sus funciones hacia secretarías de Estado, entre los cuales se incluye al Instituto Nacional de la Economía Social (INAES).

Si el citado Decreto se aprueba, la Ley de Economía Social Solidaria (LESS), aprobada en 2012, pasaría a ser letra muerta, debido a que el INAES se transformaría en el Centro Nacional de la Economía Social (CNES), adscrito a la Secretaría de Bienestar (SB) y, por ende, su estructura y funcionamiento quedarían regulados por la Ley Orgánica de dicha Secretaría y ya no por la LESS que, además sería reformada en 21 artículos sustanciales (Gaceta Parlamentaria, 2024).

De igual manera, durante el sexenio de López Obrador la política pública de fomento a la economía social sufrió un grave estancamiento que se evidencia en los severos recortes que se produjeron en los componentes esenciales de toda política pública: presupuesto, personal e infraestructura institucional.

Empezando por el presupuesto, puede señalarse que de 2014 a 2018, en el marco del Programa de Fomento a la Economía Social (PFES), se invirtió un presupuesto total de 17 348 millones de pesos, que se tradujeron en el otorgamiento de 34 658 apoyos económicos, a un total de 30 978 organismos del sector social de la economía (OSSE), beneficiando a 180 458 personas físicas. En contraste, de 2019 a 2024, el presupuesto ejercido a través del PFES-INAES escasamente se ubicó en 1 753 millones de pesos, que representa alrededor del 10% de lo ejercido durante el sexenio anterior, no existiendo datos precisos sobre el número de apoyos económicos otorgados a los OSSE, ni de personas físicas beneficiadas (Rojas, 2023).

En lo que hace a la disminución de personal, entre 2013 y 2018 el número de empleados se redujo de 900 a 700. Hacia noviembre de 2020, sólo quedaban 500 (DOF, 2021). Y, para marzo de 2024 únicamente había 425 personas.

En términos de la infraestructura institucional para la operación cotidiana del INAES, desde antes de la pandemia del COVID 19 se abandonaron los edificios que ocupaban las delegaciones estatales en los 32 estados de la República y, meses después ocurrió lo mismo con el edificio de la sede central en la Ciudad de México.

Afortunadamente, durante este mismo período se sostuvieron los programas estatales de fomento a la economía social en los estados de Chihuahua, Puebla y Ciudad de México, a lo cual se sumaron los estados de Michoacán y México.

Ahora bien, en cuanto a los signos que hasta ahora ha emitido el gobierno federal que entró en funciones el pasado 1 de octubre de 2024, en relación con la economía social, puede advertirse que éstos están matizados de claros-oscuros. Por el lado de los aspectos positivos, una revisión detenida del proyecto de Nación 2024-2030 del partido Morena, elaborado por la comisión especial, instalada desde el 27 de junio de 2023, permite observar que si bien ninguno de los 19 temas generales en que se divide el documento está dedicado a exponer las aportaciones que la economía social podría hacer al desarrollo nacional, sí contiene un total de cinco alusiones explícitas y perfila espacios de partición de las empresas sociales en los campos de la política de rescate del campo y autosuficiencia alimentaria, y, de manera especial, en el rubro de transición energética.

De igual manera, es de destacar que al interior de la Secretaría de Economía se ha creado una nueva dependencia pública dedicada al fomento de la economía social, cuyo titular designado es el Ingeniero Luis Gutiérrez Reyes.

Sin embargo, la reciente designación de Catalina Monreal al frente del INAES no fue del todo acertada, pues carece del perfil y la trayectoria adecuadas para desempeñar el cargo y el otorgamiento del mismo se apreció más como un premio de consolación que como un interés genuino por fortalecer a la economía social.

Más preocupante aún fue el anuncio del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, dado a conocer el pasado 15 de noviembre, en el sentido de que el Presupuesto del INAES para 2025 se ubicará en 223 millones 138 mil  924 pesos. 192 millones 628 mil 482 pesos para Servicios Personales y 30 millones 510 mil 442 pesos para Gasto de Operación.

En suma, el futuro de la institucionalidad, la legislación y las políticas públicas de fomento a la economía social durante el sexenio 2024-2030 aún está en fase de definición. Una labor de interlocución organizada, coordinada y eficaz a cargo de los organismos de representación de la economía social y cooperativa sería deseable, a efectos de avanzar hacia un escenario más promisorio en los próximos años.

Bibliografía

Diario Oficial de la Federación (2021): “Acuerdo por el que se aprueba el Programa de Fomento a la Economía Social 2021-2024”, publicado el 21 de diciembre de 2021, disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo:5638883&fecha:21/12/2021&print:true.

Gaceta Parlamentaria de la H. Cámara de Diputados (2024): “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de distintos ordenamientos, en materia de simplificación orgánica”. 5 de febrero de 2024.

Rojas, Juan José (2023): Límites y contradicciones del Programa de Fomento a la Economía Social 2021-2024 en México. Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo. No. 62, pp. 71-94. DOI: https://doi.org/10.18543/baidc.2489