Los datos sobre la Economía Social y Solidaria en España

En el año 2011 se aprueba por unanimidad la Ley 5/2011 de Economía Social en el Parlamento en España y a comienzo de 2018 se aprueba la Estrategia Española de la Economía Social 2017-2020. Estos dos hitos son el reconocimiento político institucional a un sector y un modelo de empresa que, según los datos publicados en el último informe de Monzón, Chaves y Galán a finales de 2019 empleaba a más de 1.350.000 personas, lo que representa el 8% del empleo asalariado. El empleo remunerado y no remunerado equivalente del sector son más de 2,5 millones de personas, con más de 80.000 entidades y empresas.

El concepto de Economía social en España está vinculado estrechamente a la tradición europea y tiene como referencia la Carta de principios de la Economía Social en 2002 de la Conferencia Europea de Cooperativas, Mutualidades, Asociaciones y Fundaciones (CEP-CEMAF), antecesora de la actual asociación europea de economía social (Social Economy Europe). En esta carta se consensúan los principios y valores que son la fuente de inspiración y funcionamiento de empresas y organizaciones de la economía social. Estos principios son: 1) primacía de las personas y del objetivo social sobre el capital; 2) adhesión voluntaria y abierta; 3) control democrático por los miembros (no afecta a las fundaciones puesto que no tienen miembros); 4) combinación de los intereses de los miembros/usuarios con el interés general; 5) defensa y aplicación de los principios de solidaridad y de responsabilidad; 6) autonomía de gestión e independencia respecto de los poderes públicos; 7) la mayoría de los excedentes se utilizan en pro de objetivos de desarrollo sostenible, servicios de interés para los miembros o el interés general.

Así, la Ley 5/2011 indica en el artículo 5 que las entidades que forman parte de la economía social son las cooperativas, las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica, las sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación y las entidades singulares creadas por normas específicas que se rijan por los principios establecidos en el artículo anterior.