Las cooperativas en el contexto de la actualización del modelo económico y social cubano

El año 2007 marca el inicio de un nuevo período de reajuste en Cuba. La máxima dirección del país lo denominó Proceso de actualización del modelo económico y social cubano. La Actualización se sustenta en una serie de documentos nombrados y reconocidos como “documentos programáticos”: Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (2011; 2016), Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista (2017), Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030: propuesta de visión de la nación, ejes y sectores estratégicos (2017).

Estas transformaciones han desembocado en una diversificación de la matriz productiva nacional. La Constitución de la República (2019) reconoce a las cooperativas como forma de gestión de la propiedad y las define como “una forma socialista de propiedad colectiva (…) que constituyen una organización económica con personalidad jurídica y patrimonio propio, integradas por personas que se asocian aportando bienes o trabajo, con la finalidad de producir y prestar servicios útiles a la sociedad y asumen todos sus gastos con sus ingresos” (Lineamiento 25; Conceptualización, 161, 160). El movimiento cooperativo cubano actual está integrado por: Cooperativas de Producción Agropecuaria, Cooperativas de Créditos y Servicios, Unidades Básicas de Producción Campesina y Cooperativas no Agropecuarias (CnA).

El marco regulatorio de las cooperativas ha experimentado transformaciones durante la Actualización. Actualmente está contenido en el Decreto Ley No. 365 De las Cooperativas Agropecuarias y el Decreto Ley No. 354 Reglamento de las Cooperativas Agropecuarias. A su vez, las CnA son reguladas por el Decreto Ley No. 366 De las Cooperativas no Agropecuarias y el Decreto No. 356 Reglamento de las Cooperativas no Agropecuarias. Comparten espacio, aunque con una realidad jurídica diferente, con las UBPC. Con el Decreto Ley No. 365 y su reglamento (Decreto 354) se derogan la Ley No. 95 “De las Cooperativas de Producción Agropecuaria y de Créditos y Servicios” y el Decreto Ley No. 142 “Sobre las Unidades Básicas de Producción Cooperativa”.